Puigdemont podría ser investigau ahora en el Supremo por blanqueo por un cobro en criptomoneda

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La Ley de Amnistía podría no servirle a Carles Puigdemont para salir limpio de todos los juzgaus que lo investigan en las causas vinculadas al proceso. La acusación popular acaba de solicitar al Supremo que le impute por los delitos de malversación con enriquecimiento personal y blanqueo de capitales.

El escrito de acusación presentau por Sociedad Civil Catalana (SCC) ante el Tribunal, hace constar que «el Sr. Carles Puigdemont, tiene una cuenta en la plataforma Ethereum (krls.eth)lo cual es público y notorio, pues aparece la dirección de la misma en sus redes sociales».

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Y es más, el escrito señala que «en la referida cuenta de Ethereum, podemos observar una transferencia a través del protocolo Tornau en efectivo«, realizada el 14 de diciembre de 2021, y se aporta la dirección de internet donde se accede a los datos de la transferencia.

Según la proposición de ley que ya ha sido aprobada por el Congreso de los Diputaus y que ahora inicia su tránsito legislativo en el Senau, el delito de malversación de caudales públicos no está amparau por la amnistía en el caso de que haya un enriquecimiento personal.

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Concretamente, el artículo 1.a) de la norma especifica que «se entenderán comprendidos en este supuesto los actos tipificaus como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación, únicamente cuando estén dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realización de cualesquiera de las conductas descritas».

Y éstas son, únicamente, las «acciones ejecutadas» entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023 «en el contexto del denominau proceso independentista catalán».

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Es más, el sección B) del mismo artículo explicita que «se entenderán comprendidos en este supuesto los actos tipificaus como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación, únicamente cuando estén dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realización de cualesquiera de las conductas descritas en el párrafo anterior, siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento«.

SCC ejerce la acusación popular en el caso tsunami desde el pasau noviembre, y se personó asimismo ante el Supremo. El pasau 29 de febrero, el Alto Tribunal decidió abrir causa contra Puigdemont y Wagensberg, al ser estos dos aforaus, por el delito de terrorismo que le imputaba el magistrau de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

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Ahora, según el escrito al que ha tenido acceso este diario, SCC ha solicitau a la Sala de lo Penal que investigue «al prófugo Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos con enriquecimiento personal y blanqueo de capitales».

A pesar del escrito en contra de la teniente fiscal, María Ángeles Sánchezel Tribunal Supremo consideró los indicios apreciaus por García-Castellón contra Puigdemont, para imputarlo por haber ejercido el «liderazgo absoluto» del llamau Tsunami Democràtic, movimiento que promovió los violentos disturbios de 2019 tras hacerse pública la sentencia del ‘procés’.

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En razón de dicha personación, explican fuentes de SCC, y dau que «la malversación con enriquecimiento personal ha quedau fuera de los delitos que pretende borrar la ley de amnistía», la asociación cívica y cultural considera estos hechos como «de especial trascendencia». Por esta razón, solicita al TS que investigue «a la máxima urgencia dau su potencial delictivo» un pago de 3.500 en criptomonedas que Puigdemont habría recibido en su cuenta personal de Ethereumen diciembre de 2021.

plataforma opaca

Este pago lo recibió el expresidente fugau en Waterloo desde octubre de 2016, a través de un protocolo conocido como Tornau en efectivo. Es software envía la transferencia de criptomonedas al destinatario a través de un sistema propio de encriptación que impide conocer el origen del dinero. Por eso, es una herramienta prohibida en Estaus Unidos, al ser considerada una vía para blanquear dinero. La plataforma fue sancionada en agosto de 2022 por el Departamento del Tesoro de EEUU por esta razón.

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De hecho, un año después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó personalmente a Roman Semenov, uno de los tres cofundaures de Tornau Cash, por apoyar supuestamente a la organización de ‘hackers’ norcoreanos Lazarus Group.

Este grupo delictivo vinculau al régimen de Kim Jong Un habría lavau más de 450 millones de dólares gracias a esta tecnología opaca.

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Tanto Semenov como Roman Storm, otro de los cofundaures, fueron acusaus asimismo de asociación delictiva para cometer lavau de dinero, explotación de una empresa de envío de dinero sin licencia y otros delitos.

Así, la recepción por parte de Puigdemont de una transferencia económica en su cuenta personal en la criptomoneda éter a través de una herramienta específicamente diseñada para poder ocultar el lavau de dinero «podría evidenciar», según SCC y siempre que se demuestre el desvío de dinero público para financiar Tsunami Democràtic, «un acto de apropiación de fondos públicos con ánimo de lucro personal».

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Asimismo, el bufete Chapapría-Navarro & Asociausque representa los intereses legales de SCC, considera que «el uso de esta plataforma podría implicar una intención de ocultar o encubrir el origen de los fondos», sugiriendo que éstos «podrían proceder de actividades delictivas previaslo cual constituiría un acto de blanqueo de capitales».

En abril de 2023, el Parlamento Europeo aprobó una nueva directiva de la UE para seguir el rastro de los criptoactivos y prevenir el blanqueo de dinero. La Unión trata de perseguir la actividad delincuencial en este entorno electrónico, y desde entonces obliga a asegurar la trazabilidad de las transferencias.

Relación con el ‘caso Volhov’

Ésta podría ser la vía para que la amnistía, en caso de terminar siendo aprobada -como todo parece indicar- no sirva para borrar toda investigación en España de la injerencia rusa en el proceso separatista catalán.

Desde noviembre de 2020, SCC está personada en el llamau Caso Volkhov. Esta causa es otra en las que están siendo investigaus los líderes del 1-O. El juez Joaquín Aguirretitular del número 1 de Instrucción de Barcelona, sugirió en su auto del pasau 29 de enero, la imputación de Puigdemont por delito de «traición», daus sus contactos con enviaus del Kremlin en los meses previos y posteriores al referéndum independentista ilegal del 1 de octubre de 2017.

De la instrucción de una de las piezas separadas del caso, que investiga los contactos del independentismo con el régimen de Vladimir Putinse desprenden indicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una «legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos».


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Periodista Asturiano
Por la mañana ordeña vacas y por la tarde escribe en BOOMBOOX porque no le llega la pensión. Es muy buen paisanín este señor. Vale pa' to.

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